Si la banca provisiona al 36% deberá aflorar pérdidas por 7.000 millones de euros
Banesto y Bankinter, las dos primeras entidades financieras que han presentado los resultados al cierre del ejercicio 2011, han puesto al resto de sociedades en la pista a seguir para asumir las pérdidas latentes de sus activos inmobiliarios que desde los mercados internacionales se lleva tiempo exigiendo. Banesto ha provisionado 400 millones y Bankinter ha asumido que los suelos adjudicados podrían valer un 75% menos.
Son solo dos datos de dos entidades de tamaño medio, pero suficientemente reveladores de hasta dónde pueden llegar esas minusvalías por las decenas de miles de activos adjudicados. Inmuebles que, además, no cesan de entrar en los balances.
El pasado jueves la inmobiliaria Quabit reconocía que su endeudamiento se había reducido un 25%, hasta algo más de 1.000 millones, como consecuencia de los 360 millones de deuda canjeada por activos con sus entidades acreedoras. La inmobiliaria presidida por Félix Abánades logra otros cinco años de margen con la aceptación, por parte de sus acreedores, de bilateralizar 837 millones del préstamo sindicado, asignando a cada entidad, como garantía, activos concretos en lugar de un porcentaje de la cartera total.
Hasta el pasado 30 de septiembre, el conjunto del sistema financiero reconocía poseer activos por unos 64.500 millones de euros. Adquiridos a promotores, a cambio de operaciones de pago, o adjudicados tras ejecutar las garantías de préstamos a empresas y particulares. La cantidad, como consecuencia de canjes como el de Quabit o del imparable aumento de los embargos, rondará los 70.000 millones al cierre de 2011. Si el resto de las entidades siguen los pasos de Banesto y Bankinter, y cubren hasta el 36% las posibles pérdidas de valor de sus activos, deberían aflorar pérdidas inmediatas por un valor de unos 7.000 millones de euros.
Pero esto es solo "el inicio del inicio", la frase lapidaria con la que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, justificaba, el pasado 30 de diciembre, los ajustes acometidos ante la grave situación económica.
Un agujero sin fondo como consecuencia de que esos activos no pueden hacer otra cosa que aumentar debido a los 81.200 millones de euros de créditos con finalidad inmobiliaria calificados, ya en septiembre, como dudosos y subestándar. Suponen un riesgo de casi el 39% respecto a los 210.500 millones de euros de la cartera crediticia para este fin. Los primeros están a un paso del trasvase al balance del banco, y los segundos tienen todas las papeletas de seguir el mismo camino unos meses después. Es cuestión de tiempo. Y lo mismo sucede con las viviendas cuyos prestatarios no pueden hacer frente al vencimiento de las letras.
En esa cobertura de los activos adjudicados llamaban la atención el pasado jueves las pérdidas del 75% que Bankinter asumía respecto a los suelos de su propiedad, aprovechando que su exposición es muy limitada, de tan solo 104 millones de euros brutos en terrenos urbanizados. Eventuales pérdidas futuras que ninguna entidad se había atrevido a reconocer hasta ahora, y que están ya en consonancia con el esquema que baraja el Gobierno para la reforma del sistema financiero.
Un porcentaje, del 75% o más, de pérdidas por los terrenos adquiridos que supondría aportar en torno a unos 35.000 millones al conjunto del sistema, con un reparto desigual en función de los millones de metros cuadrados acumulados. Banesto, por ejemplo, debería llegar hasta los 1.200 millones, aproximadamente los mismos que tendrían que asumir, en conjunto, tanto Bankia como su matriz, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA). El Santander, por su parte, que tenía el suelo provisionado con 2.578 millones hasta el pasado mes de septiembre, debería aportar otros 620.
La cantidad de activos adjudicados no deja de ser provisional. Está en constante aumento. Entran más que salen. Durante los últimos días, incluso antes de presentar los resultados de cierre del pasado ejercicio, algunas entidades han informado de las viviendas y otros activos que han logrado vender en 2011. Lo que no comentan con tanto lujo de detalles son los activos que han entrado en sus balances.
Viviendas, suelos y otras propiedades que a lo largo del pasado año han modificado la procedencia. Si hasta 2010 el canje de activos por deuda aglutinaba el origen de la mayor parte de estos activos, a lo largo de 2011 los inmuebles procedentes de embargo tras la ejecución del préstamo hipotecario han crecido de forma exponencial. Hasta el pasado 30 de septiembre se habían llevado a cabo 42.879 desahucios, un 20% más que en los nueve primeros meses de 2010.
El otro gran filón por el que no cesan de llegar activos a la banca es el de los créditos otorgados para la promoción inmobiliaria. Préstamos cuya morosidad va en aumento y sin viso alguno de que la situación vaya a cambiar. Cuando acabe el año estarán en riesgo (dudosos y subestándar) cerca del 40% de los más de 210.000 millones concedidos para este fin. Unos 82.000 millones que, poco a poco, tendrán que ser asumidos por las entidades financieras.
